Nacionalizaciones: Europa y Estados Unidos en el espejo de los empresarios argentinos

0
Nacionalizaciones: Europa y Estados Unidos en el espejo de los empresarios argentinos
Photographer: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images

(Por Jorge Elbaum)

Los grupos concentrados de la Argentina se especializaron en impedir, tergiversar u omitir la difusión de las políticas públicas de estatización, implementadas por los países a lo que históricamente catalogan como la cuna de su civilización. Las corporaciones locales se han caracterizado por estatizar sus deudas, exigir subsidios o sumarse a los listados de quienes reciben ayuda para pagar salarios, sin aceptar que el conjunto de la sociedad obtenga beneficios vinculados a la participación de las ganancias futuras, del paquete accionario o a la gestión participada de las decisiones empresariales por parte de los trabajadores o del Estado. Techint y Clarín, entre otras grandes empresas, se acogieron al programa de ayuda gubernamental para el pago de sueldos pero no aceptan que esos recursos se transformen en una deuda hacia el Estado. Los empresarios pretenden socializar los costos de las etapas pandémicas pero se resisten a compartir los réditos posteriores. Le piden a la sociedad que financie –con su esfuerzo tributario– los salarios de sus empresas lucrativas, para luego negarle una recuperación futura de dicho aporte.

Los gobiernos de los Estados elogiados por las elites dirigentes locales parecen tener otra concepción. En marzo pasado, el gobierno de Italia anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia, constituyéndola en una nueva sociedad íntegramente controlada por el ministerio de Economía y de Finanzas. En Alemania la canciller Angela Merkel –primera mandataria desde hace 15 años– informó durante ese mismo mes de marzo el rescate a la aerolínea Lufthansa por unos 10.000 millones de euros. A cambio la empresa le cederá el 25,1% de su paquete accionario al gobierno. La nacionalización parcial de  Lufthansa se suma a la participación accionaria estatal en dos de las empresas más tradicionales de ese país, como Volkswagen y Daimler Mercedes Benz. Desde la irrupción del virus Alemania ha otorgado el  50 % de todas las ayudas de Estado proporcionadas por la UE, que suman alrededor de 1000 billones de euros. Por su parte Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos (como las energéticas Engie y EDF, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM), adelantó que inyectará liquidez en dichas empresas, de las que controla gran parte del capital accionario desde antes de la pandemia.

A mediados de marzo el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dispuso la nacionalización temporaria del sistema de salud privado incorporando 2000 camas al sistema público integrado, para afrontar la emergencia sanitaria. Además de los centros de atención, se decidió gestionar –en forma centralizada, bajo la tutela del gobierno– los 9 laboratorios farmacológicos relacionados con la provisión de medicinas para el tratamiento del Covid-19. El 23 de abril los integrantes del Parlamento Europeo comenzaron a debatir un proyecto consensuado referido a los salvatajes de empresas y las intervenciones en el mercado de los respectivos países miembros. En su artículo 24, dicho proyecto señala: “Toda la ayuda financiera (del Estado) a las empresas privadas debe garantizar la inexistencia de despidos (…); se insta a los Estados miembros a que prohíban temporalmente la distribución de dividendos entre los accionistas por parte de las empresas y congelen cualquier aumento de los ingresos y bonificaciones de los directores; se manifiesta que cuando el Estado rescata a empresas privadas en sectores estratégicos, debería convertirse en copropietario como una forma de garantizar la sostenibilidad y la eficiencia, así como garantizar que el dinero de los contribuyentes pueda recuperarse después de la crisis”.

El 11 de mayo la Unión Europea aprobó la propuesta consensuada por los bloques mayoritarios e informó a los gobiernos que la disposición incluye la potestad de los Estados para nacionalizar todo tipo de empresas –grandes, medianas y pequeñas, coticen en bolsa o no– pero deben notificar a Bruselas las intervenciones estatales superiores a los 220 millones de euros. La norma estipula además que existe una limitación estricta respecto al aumento de los honorarios de los directivos de dichas empresas (adquiridas, salvadas o rescatadas por la compra de paquetes accionarios), hasta que la inversión dispuesta por el erario público sea amortizada por lo menos en un 75 % de la suma otorgada. Para evitar las ventajas monopólicas que pudieran profundizarse durante la pandemia, las autoridades europeas dispusieron la prohibición de adquirir más allá del 10 % de empresas competidoras. La regulación, además, invita a los gobiernos a profundizar regulaciones que eviten la evasión fiscal y a garantizar que el esfuerzo público se vea suficientemente remunerado  por el esfuerzo y los riesgos asumidos en la recapitalización de las empresas intervenidas, rescatadas o expropiadas. Para el caso de la recompra futura de las acciones por parte de las empresas, se estipula la devolución total de los aportes públicos, más el equivalente a los intereses anuales establecidos.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Por favor introduzca su nombre